Si el Gobierno se ve obligado a pagar uno de los laudos perdidos, podrá reclamar al inversor que vendió dicho laudo a un fondo buitre
Dice el refranero español que la venganza se sirve en plato frío y eso es lo que parece que puede hacer el Gobierno con los inversores extranjeros que reclamaron a España miles de millones de euros por los recortes retributivos en los activos de renovables durante los últimos años.
Unas reclamaciones que ascendieron a los 10.000 millones de euros y que poco a poco han ido saliendo distintas sentencias y/o laudos que dan la razón a inversores en unas ocasiones y al Gobierno de España en otros.
En total, los inversores han ganado laudos cuyas reclamaciones ascienden a unos 1.500 millones de euros que con intereses de la deuda podrían sumar unos 1.900 millones aproximadamente.
Reventa del laudo
Como el Gobierno no ha querido pagar nunca ninguna indemnización, muchos inversores se han visto en la obligación de buscarse una solución. Al final, hartos de esperar, han preferido vender el laudo a un fondo buitre que espera poder cobrarse dicho laudo en el futuro.
Pues bien, el 60-70% de todos esos laudos que ha perdido el Gobierno, es decir de los posibles 1.500 millones, están en manos del fondo Blasket, concretamente a través de la empresa originaria de Irlanda, Blasket Renewable Investments LLC.
La situación es compleja. Este fondo se ha dedicado a solicitar embargos de distintos bienes españoles en el extranjero y algunas jurisdicciones le han dado la razón. Pero aún no se han cobrado nada.
Pero si España tuviese que pagar algo podría reclamarlo. Sí, como lo leen. Sería el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado quien podría reclamar dichas cantidades.
El caso Antin
La Comisión Europea ordenó a España el pasado mes de marzo que no pagase ninguna indemnización a los inversores de renovables, en referencia al laudo arbitral que le condenó en 2018 a compensar al fondo luxemburgués Antin por el recorte en las ayudas a las renovables.
Bruselas confirmó que dicha indemnización supondría una ayuda de Estado ilegal y por tanto no tiene por qué pagar. Pero si finalmente uno de los casos que se dirimen fuera de las fronteras comunitarias acaba condenando a España y esta teniendo que pagar, el Gobierno de España podría reclamar a aquel inversor de renovables que vendió su laudo a un fondo buitre la cantidad a pagar. Esto gracias a que la Comisión declaró como ilegal estas futuras indemnizaciones.
Por tanto, se abre la posibilidad de que el Gobierno pueda reclamar a los inversores. Esto tendría consecuencias importantes ya que la mayoría de los inversores podrían acabar retirando sus casos y dejando este largo proceso judicial por finiquitado. Veremos qué sucede.